El Poder Ejecutivo implementó un cambio radical en la distribución de los ingresos del Impuesto País, recortando casi por completo la asignación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por los movimientos sociales. La medida genera controversia y señalamientos sobre el destino y la gestión de los fondos.
El Gobierno nacional anunció una decisión que sacude las bases del financiamiento destinado a los movimientos sociales en Argentina. A través del decreto 193/2024, se ha llevado a cabo un ajuste significativo en la distribución de los fondos recaudados por el Impuesto País, reconfigurando drásticamente el destino de estos recursos.
Históricamente, una parte sustancial de lo recaudado por este tributo se destinaba al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), encargado de financiar proyectos de vivienda social y obras de infraestructura para los barrios populares. Sin embargo, con la nueva disposición, apenas un 1% será asignado a este fondo, en contraste con el 30% que recibía anteriormente.
Esta medida implica un cambio radical en la política de distribución de recursos, ya que el 94% restante se destinará exclusivamente a obras de infraestructura económica, dejando en un segundo plano las iniciativas de integración social que anteriormente eran prioritarias.
El FISU, creado durante el gobierno de Mauricio Macri, ha estado en el centro de la polémica debido a recientes investigaciones sobre la gestión de sus fondos. Si bien el Gobierno ha afirmado que no se han encontrado evidencias de corrupción, la auditoría en curso ha revelado ciertas irregularidades en la asignación de contratos y obras.
Para abordar esta situación, se ha establecido la formación de un Comité Ejecutivo del FISU, liderado por Sebastián Pareja, con el objetivo de garantizar una gestión más transparente y eficiente de los recursos. No obstante, la medida genera inquietudes sobre el futuro de los proyectos de integración social y el impacto que tendrá en las comunidades más vulnerables.
En medio de estas controversias, queda en entredicho el compromiso del Gobierno con el desarrollo equitativo y la inclusión social, mientras se cuestiona la efectividad de las políticas de redistribución de la riqueza en el país.
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por dejar tu opinión.